Nueva Ley 85-25: Cambios en los contratos de alquiler
- La nueva Ley 85-25 introduce cambios importantes en los procesos entre propietarios e inquilinos permitiendo notificar atrasos desde el primer día franco de mora.
- El magistrado Octavio Mata explicó que la legislación busca agilizar los procesos judiciales y evitar los prolongados conflictos que afectaron al sector durante muchos años.
- La normativa establece procedimientos rápidos en casos de incumplimiento de pago y fija plazos específicos para que los tribunales dominicanos conozcan las demandas relacionadas.
Plazos de desalojo y agilidad en procesos judiciales
- Cuando existe incumplimiento por falta de pago corresponde intimar al inquilino mediante acto de alguacil en un plazo no mayor de diez días francos.
- Uno de los objetivos principales de esta ley es evitar que los procesos de desalojo permanezcan durante años estancados en los tribunales del país.
- La fijación de audiencia deberá realizarse en menos de treinta días y el conocimiento del proceso judicial no podrá extenderse más de cinco días.
Eliminación del depósito «2 más 1» y nuevas reglas
- Un cambio destacado es la eliminación del requisito de dos depósitos y un mes por adelantado, práctica conocida comúnmente como el famoso dos más uno.
- Aunque ahora algunos costos podrían ser compartidos entre las partes la nueva ley busca equilibrar finalmente las cargas económicas entre los propietarios y los inquilinos.
- La legislación procura modernizar el sistema de alquileres ofreciendo mayor seguridad jurídica y mecanismos más equilibrados para proteger los derechos de todos los ciudadanos.
Derecho a detener el desalojo mediante el pago
- Una sentencia de desalojo puede detenerse inmediatamente si el inquilino decide pagar la totalidad de la deuda pendiente antes de ejecutarse la medida física.
- El magistrado Mata afirmó que este avance busca proteger el derecho a la vivienda sin dejar de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales vigentes.
- Con esta nueva estructura legal la República Dominicana avanza hacia una justicia más pronta y eficiente en materia de contratos inmobiliarios y arrendamientos urbanos.