lunes, abril 20

SANTO DOMINGO OESTE. El Ministerio Público solicitó al Sexto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste dictar auto de apertura a juicio contra los implicados en un presunto fraude de RD$2,500 millones cometido a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), desmantelada mediante la Operación Búho.

Según el expediente, la estructura criminal afectó a 366 víctimas y operó mediante maniobras financieras fraudulentas que involucraron a personas físicas y jurídicas.

Acusados

Entre los imputados figuran:

  • Jorge Eligio Méndez
  • Gabriel Santana Borsilea
  • Jacer Eliazar Mejía Pereyra
  • Julio César Minaya Mejía
  • Kenia del Carmen Liriano Pérez
  • Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez
  • Simona Borsilea Juan
  • Emanuel Pozo Borsilea
  • Cristóbal Mariano
  • Juan Julián Bryan Richardson
  • Carina Elizabet García de la Rosa
  • Pedro Eligio Bonilla (declarado en rebeldía)

También fueron encartadas las empresas: Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L., ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L., Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L., y GBS Baseball Academy S.R.L.

Solicitudes del Ministerio Público

El órgano acusador, representado por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar (Pepca) e Yrcania Ibelice Casado Pimentel (Fiscalía de Santo Domingo Oeste), pidió:

  • Admisión total de la acusación con cientos de pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales.
  • Decomiso de bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, certificados financieros y otros activos señalados como producto del fraude.
  • Que los bienes incautados beneficien directamente a las víctimas.

Próxima audiencia

El juez Joan Rodríguez fijó para el 21 de noviembre a las 9:00 a.m. la audiencia donde se decidirá si se acoge la solicitud de apertura a juicio.

Operación Búho

La Operación Búho fue ejecutada el 4 de octubre de 2023 tras una investigación de varios meses. Participaron más de 20 fiscales, 100 agentes policiales y unidades especiales. La acción fue impulsada por denuncias del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y particulares afectados.

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