Ocho legisladores declararon participaciones o vínculos empresariales con el sector de juegos de azar mientras el Congreso analiza la ley regulatoria.
Por lo tanto, la Cámara de Diputados introdujo modificaciones al texto del Senado que alteran las condiciones económicas y operativas de esta industria.
Sin duda, las adicciones presupuestarias como la moratoria de diez años para nuevos locales y rebajas impositivas han desatado cuestionamientos por conflicto de interés.
En consecuencia, diversos sectores de la sociedad civil exigen transparencia parlamentaria y sugieren al Poder Ejecutivo vetar la controvertida pieza legislativa.
Modificaciones clave e intereses legislativos declarados
| Disposición de la Ley | Contenido de la Modificación | Congresistas Vinculados al Sector |
| Artículo 191 | Moratoria de 10 años para nuevos locales | Eduard Espiritusanto (FP) – Bancas Eduard |
| Artículo 22 | Tasas de renovación inferiores y prórrogas | Domingo de León (FP) – Bancas La Solución |
| Artículos 87 y 89 | Licencias a 10 años y 15 tragamonedas | Sergio «Gory» Moya (PRM) – La Solución Sport |
| Artículo 129 | Rebaja del impuesto a loterías al 2.5 % | Juan Carlos Echavarría (PLD) – Bancas Joselito |
| Nuevos Permisos | Inclusión de juegos virtuales y electrónicos | Carlos Gil (FP), Orlando Martínez, Melvin Lara, Alexander Cuevas (PRM) |
- Por consiguiente, la fijación de límites operativos beneficia a los consorcios de bancas que operan actualmente con permisos otorgados por el Estado.
- Asimismo, la Asociación Nacional de Bancas Deportivas criticó las alteraciones realizadas al texto original aprobado en primera instancia por el Senado.
- Es decir, la Red de Ciudadanos Contra la Corrupción advirtió que las facilidades impositivas promueven la ludopatía en los sectores vulnerables.
- Además, el marco constitucional obliga a fiscalizar si estos congresistas participaron directamente en los debates y comisiones dictaminadoras.
Transparencia institucional y debate social
Obviamente, transparentar la votación y abstenerse ante un eventual conflicto de intereses resulta totalmente indispensable para fortalecer la legitimidad del Poder Legislativo.
Por lo tanto, la opinión pública mantendrá el seguimiento al trámite del proyecto a la espera de la decisión definitiva del plenario.