La Finjus advierte que la Junta Central Electoral debe respetar el principio de legalidad y la reserva de ley en sanciones sobre encuestas
La Fundación Institucionalidad y Justicia considera que el procedimiento iniciado por la Junta Central Electoral sobre encuestas plantea un debate jurídico fundamental.
La discusión principal no debe centrarse solo en el contenido de los sondeos, sino en los límites jurídicos de la potestad sancionadora estatal.
Un aspecto primordial es el principio de reserva de ley constitucional donde las infracciones y sanciones deben encontrar fundamento suficiente en una norma legal
La Ley número veinte guion veintitrés establece prohibiciones específicas, pero surge un conflicto cuando un reglamento administrativo impone suspensiones no previstas expresamente.
«La potestad reglamentaria puede desarrollar y hacer operativas las disposiciones legales, pero no debería utilizarse para ampliar el ámbito de una infracción o crear sanciones».
Asimismo, el organismo cívico recalcó que en materia sancionadora resulta indispensable acreditar la participación concreta y la responsabilidad personal evitando cualquier forma objetiva
Finalmente, la Finjus concluyó que si se considera necesario ampliar las conductas punibles, corresponde estrictamente al Poder Legislativo establecerlo mediante una norma formal.