Participación Ciudadana exige frenar infiltración del narcotráfico en economía y política dominicana

Santo Domingo, R.D. – El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana hizo este lunes un enérgico llamado a los actores económicos, al Gobierno y al sistema político del país, para que refuercen los controles que eviten la inserción de personas y recursos provenientes del narcotráfico en la economía y el sistema político dominicano.

El pronunciamiento se produce tras recientes revelaciones que vinculan a figuras de alto perfil empresarial, con estrechos lazos al poder político y específicamente al Partido Revolucionario Moderno (PRM) —organización actualmente en el poder— con actividades de narcotráfico y lavado de activos.

Estos vínculos han generado gran preocupación en la sociedad dominicana sobre la eficacia de los mecanismos estatales de supervisión y prevención establecidos por la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Participación Ciudadana subraya que estos casos comprometen no solo la transparencia de los procesos económicos y electorales, sino también la credibilidad del sistema democrático, por lo que exige al Comité Nacional contra el Lavado de Activos que clasifique a los partidos políticos, movimientos, agrupaciones y candidatos como sujetos obligados no financieros, lo que los sometería a mayores exigencias de diligencia debida sobre el origen de los fondos que reciben.

En ese sentido, el movimiento reiteró la urgencia de que los partidos fortalezcan sus mecanismos internos de afiliación y fiscalización del financiamiento privado, para impedir que estructuras criminales utilicen estas vías como instrumentos de lavado o acceso al poder político.

Aunque el PRM ha intentado desvincularse de los implicados en actividades ilícitas —alegando responsabilidad penal individual—, Participación Ciudadana considera que la organización oficialista tiene una cuota de responsabilidad política e institucional, por permitir el ingreso y participación de personas vinculadas a estructuras del narcotráfico en sus filas, así como por no establecer controles efectivos sobre el financiamiento de sus campañas.

Entre los casos citados como evidencia del problema, se encuentran los del exdiputado Miguel Gutiérrez, condenado a 16 años de prisión en EE.UU.; la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, condenada a cinco años; y otros legisladores y funcionarios del PRM como Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero, Héctor Félix, el regidor Edickson Herrera, y los empresarios Fabio Augusto Jorge y Gaspar A. Polanco, requeridos por la justicia estadounidense.Muchos de estos casos, según el movimiento, eran ampliamente conocidos en sus respectivas comunidades, lo que evidencia una falta de diligencia y acción por parte de los dirigentes políticos locales.Por estas razones, Participación Ciudadana exige a las autoridades del Comité Nacional contra el Lavado de Activos —integrado por la Procuraduría General, el Consejo Nacional de Drogas, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos y la Dirección Nacional de Control de Drogas— que ejerzan su poder reglamentario para reforzar el blindaje institucional y democrático frente a la amenaza del crimen organizado.

El movimiento concluye que es momento de actuar con firmeza, voluntad política y responsabilidad institucional para preservar la integridad del sistema político y económico dominicano