El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) presentó este martes una denuncia formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en la que solicita una investigación penal por presuntos actos de corrupción, manejo irregular de fondos públicos y violaciones a normativas constitucionales, administrativas y penales relacionadas con el Fideicomiso DO Sostenible.
La instancia está dirigida a la magistrada Yeni Berenice Reynoso y canalizada a través del director de la PEPCA, Wilson Camacho, y de la directora de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch. En el documento, el PRD detalla que entre 2021 y 2024 el fideicomiso recaudó más de RD$7,978 millones, de los cuales solo se ejecutó el 38.8 %. De ese porcentaje, un 80 % fue canalizado a solo dos empresas privadas: Cilpen Global Business S.R.L. y Relleno Sanitario Vermont S.R.L.
Según el PRD, estos datos levantan serias alarmas sobre un posible esquema de concentración de recursos, opacidad en los procesos contractuales y violaciones a las leyes 28-23 sobre fideicomiso público, 340-06 de compras y contrataciones públicas, y 225-20 sobre gestión integral de residuos sólidos. La denuncia señala que Cilpen Global habría recibido más de RD$1,337 millones en apenas dos años, pese a tener una capacidad limitada a 300 toneladas diarias, lo que —a juicio del partido— “no justifica técnica ni legalmente semejante asignación presupuestaria”.
Lee también: PRD solicita a la JCE sancionar al PRM y suspender actividades proselitistas de funcionarios
“Estas operaciones, marcadas por la discrecionalidad, el privilegio y la falta de transparencia, podrían constituir graves violaciones al artículo 39 de la Constitución, sobre igualdad ante la ley; al artículo 50.1, sobre libre competencia; y al artículo 68, sobre garantías fundamentales”, se indica en el documento.
El PRD también denuncia que no existe acceso público a auditorías técnicas ni a informes que detallen los criterios bajo los cuales fueron adjudicados los contratos millonarios a las empresas mencionadas. Mientras tanto —señala el partido— gobiernos locales, asociaciones comunitarias y microempresas recicladoras han sido marginadas del acceso a los fondos, lo que contraviene el principio de descentralización establecido por la Ley 225-20.
La organización política advierte que no se puede hablar de aumentar las contribuciones al fideicomiso ni de implementar reformas tributarias vinculadas sin antes realizar una auditoría integral, técnica y financiera de todas sus operaciones.
En su denuncia, el PRD solicita la apertura de una investigación penal, la realización de auditorías forenses y financieras al fideicomiso y sus contratos, así como la adopción de medidas cautelares para prevenir daños mayores al erario público. También pide investigar las responsabilidades de funcionarios públicos y actores privados involucrados.
Finalmente, el PRD reafirmó su compromiso con un modelo de gestión de residuos “justo, equitativo y descentralizado”, en el que la política ambiental “no sea un negocio cerrado para unos pocos, sino una oportunidad para generar empleos verdes y fortalecer la economía circular desde lo local”.
La denuncia fue depositada por una comisión integrada por Víctor Feliz, secretario nacional de Asuntos Municipales; el diputado Ramón Raposo; y los juristas José Fernando Pérez Vólquez, José Juan Zapata, Henry Blanco y Jacinto Santos Santos.
