Ley 368-22: Higüey Teme Colapso Financiero y Freno a la Inversión

Higüey, La Altagracia. — La entrada en vigor de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos ha generado una creciente preocupación entre autoridades municipales, empresarios y líderes comunitarios de Higüey. Ellos advierten sobre un posible colapso financiero y administrativo. Esto ocurriría si no se aplican medidas de compensación desde el nivel central.

Ayuntamiento teme una pérdida millonaria

Representantes de organizaciones sociales como la Coordinadora de Organizaciones Sociales y Comunitarias (Comunal) aseguran que la legislación podría provocar una reducción de más de 300 a 500 millones de pesos anuales en los ingresos municipales. Esto afectaría directamente programas sociales, obras comunitarias y servicios esenciales.

Cirio Valdez, vocero de Comunal, advirtió que la reducción “sería devastadora para el municipio”. Señaló que, sin esos recursos, Higüey podría ver paralizados proyectos de infraestructura, presupuestos participativos y operatividad básica.

Empresarios advierten sobre freno en la inversión

El sector privado también muestra inquietud.
El presidente de la Unión de Empresarios de La Altagracia, Carlos Pina, indicó que algunos proyectos de inversión podrían detenerse o trasladarse a otras provincias. Esto ocurre ante la incertidumbre generada por la nueva ley.

“Hay preocupación real en los inversionistas. Higüey podría perder competitividad si no se aclaran los alcances de la normativa”, afirmó.

Regidores alertan sobre un posible colapso administrativo

Miembros del Concejo de Regidores han advertido que una caída significativa en los ingresos municipales podría comprometer servicios como:

• Recolección de basura
• Alumbrado público
• Mantenimiento de vías, aceras y contenes
• Operatividad de obras y programas comunitarios

Una de las regidoras calificó el posible impacto como “el huracán administrativo más fuerte que podría enfrentar Higüey”.

La alcaldesa solicita garantías al Gobierno

La alcaldesa Karina Aristy informó que el presidente de la República habría mostrado disposición para mantener el presupuesto municipal en 2025. Además, otorgaría una partida especial compensatoria.
Sin embargo, la edil enfatizó que el compromiso debe formalizarse “por escrito y mediante resolución”. Esto es para evitar un retroceso que —según afirmó— “no solo afectaría al ayuntamiento, sino al pueblo de Higüey en su totalidad”.

Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo confirma vigencia total

La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, encabezada por Antoliano Peralta, ratificó que la Ley 368-22 está plenamente vigente desde diciembre de 2022. Lo está junto con su reglamento aprobado mediante el Decreto 396-25, que define competencias municipales en planificación territorial, uso del suelo y aprobación de proyectos.

Diputados piden modificar la ley

Cuatro diputados de La Altagracia han solicitado una revisión de la normativa. Argumentan que otorga “excesiva autonomía” a los distritos municipales, lo cual podría debilitar al municipio cabecera.

La tensión aumentó recientemente cuando el Concejo de Vocales de La Otra Banda rechazó una resolución de los regidores de Higüey. Lo hicieron por considerarla contraria al marco legal.

Lo que sigue

Mientras se discuten ajustes y posibles enmiendas, diversos sectores de Higüey coinciden en que:

• El Gobierno central debe garantizar fondos compensatorios.
• Debe aclararse el procedimiento para aplicar el ordenamiento territorial sin afectar las recaudaciones.
• Es necesario que la población participe en la elaboración del plan municipal de uso del suelo.

La comunidad empresarial y social espera que las autoridades actúen con rapidez. Se pretende evitar un impacto negativo en el desarrollo y la estabilidad económica del municipio.