Proyecto de ley busca prohibir a comerciantes de otras provincias vender en mercados fronterizos dominicanos

La Cámara de Diputados avanza en la aprobación de un proyecto de ley que busca reservar los mercados fronterizos exclusivamente para comerciantes residentes en provincias limítrofes.

La iniciativa legislativa fue presentada por el diputado Rafael Pérez Gómez y procura garantizar que los beneficios económicos del comercio fronterizo impacten directamente a comunidades locales.

El proyecto propone modificar varios artículos de la Ley 216-11, que regula los mercados dominico-haitianos, estableciendo requisitos estrictos de residencia para operar comercialmente.

Según la propuesta, solo personas físicas o jurídicas que residan en provincias fronterizas podrán obtener licencias para vender o instalar negocios en mercados binacionales.

Las licencias serían otorgadas exclusivamente por las alcaldías locales y la Dirección General de Migración, con vigencia anual y posibilidad de renovación.

El proyecto prohíbe expresamente que comerciantes de otras provincias operen en la frontera sin autorización especial emitida por organismos competentes.

Permisos especiales podrán ser concedidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, sujetos a cupos limitados y regulaciones previamente establecidas.

Para garantizar control y transparencia, los ayuntamientos deberán mantener registros actualizados de comerciantes, incluyendo datos personales, actividad comercial y dirección.

La Dirección General de Impuestos Internos implementará un sistema de verificación electrónica para identificar comerciantes autorizados y aplicar sanciones correspondientes.

El proyecto contempla inspecciones periódicas realizadas por alcaldías, Policía Municipal, Ministerio de Defensa, Migración y la DGII, para asegurar cumplimiento legal.

Quienes operen sin licencia enfrentarán multas de hasta tres salarios mínimos del sector público y prohibición de operar durante dos años.

Las alcaldías que autoricen irregularmente comerciantes también podrán ser sancionadas conforme a la Ley de Función Pública vigente.

Los comerciantes no residentes que ya operan en mercados fronterizos dispondrán de un plazo de 90 días para adecuarse a la nueva normativa.