La recusación a la jueza Isis Muñiz motivó una vez más el aplazamiento de la audiencia en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara en la ciudad.
El fiscal fue detenido in fraganti cuando recibía un adelanto de un soborno de ciento cincuenta mil dólares de manos de un ex ejecutivo estatal.
Para interponer la objeción la defensa del imputado alegó que la jueza participó en el proceso de investigación previo en contra del fiscal detenido ahora.
Los abogados aseguran que la magistrada fue quien autorizó el allanamiento que incluyó la entrega controlada de dinero en contra de su cliente actualmente procesado.
Según la solicitud de medida de coerción el dinero recibido por el fiscal de la Pepca fue parte de una trampa del Ministerio Público nacional.
La entrega controlada de diez mil dólares gestionada con el ex funcionario Roberto Canaan quien estaba bajo investigación por supuesta corrupción administrativa en Senasa.
Ese documento oficial también define la acción como una entrega vigilada que autorizada por la jueza Muñiz durante las etapas preliminares del caso judicial.
El encuentro de este día representaba el tercer intento para conocer la solicitud de medida de coerción del fiscal en los tribunales de la capital.
Ahora queda en manos de la Suprema Corte de Justicia decidir la recusación en contra de la jueza y retomar la audiencia de medida cautelar.
La audiencia queda momentáneamente en un limbo jurídico hasta que las autoridades competentes resuelvan el conflicto planteado por la defensa técnica del imputado.
