República Dominicana implementará un registro oficial de agresores sexuales con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal
Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal la República Dominicana por fin contará con un registro especializado de todos los agresores sexuales.
Los ciudadanos que resulten condenados por estos delitos de gravedad no podrán trabajar bajo ninguna circunstancia en espacios donde conviven de forma habitual menores.
Estas estrictas prohibiciones forman parte de una novedosa figura jurídica creada para proteger a los niños niñas y adolescentes en el territorio nacional.
Ministerio Público administrará el nuevo sistema de control y seguimiento socio-judicial en todo el país
Las medidas de seguimiento socio-judiciales serán impuestas formalmente por un tribunal competente después de que el procesado cumpla la totalidad de su condena.
Los condenados por agresión sexual inscritos obligatoriamente en este registro oficial que estará a cargo del Ministerio Público a partir de agosto.
La normativa jurídica nacional establece de manera clara las directrices para el funcionamiento de esta herramienta de control social en las diferentes provincias.
Jueces de Ejecución de la Pena vigilarán de forma estricta el cumplimiento de las restricciones ciudadanas
El artículo 64 señala que estas medidas de control podrán ordenadas directamente por el tribunal de fondo al dictar la sentencia.
Una vez cumplida la prisión impuesta el ciudadano se sujetará a una vigilancia continua por parte del respectivo Juez de Ejecución de la Pena.
Las autoridades judiciales informaron que la duración total de esta vigilancia especial de los imputados no podrá exceder bajo ninguna circunstancia los cinco años.
Agresores que incumplan las medidas de vigilancia establecidas por los tribunales enviados a prisión
El juez de Baní José Manuel Arias Martínez explicó que si la persona no cumple las medidas puede enviada a prisión de inmediato.
Los imputados deberán informar obligatoriamente sobre sus cambios de empleo o de residencia y abstenerse de cualquier contacto directo con las víctimas de hoy.
Asimismo la legislación dominicana establece una inhabilitación absoluta para ejercer cargos u oficios que involucren una relación directa con niños dentro de la sociedad.