Tribunal extingue acción penal de querellantes presentaron acusación en caso Calamar

En el caso Calamar por supuestamente estafar al Estado dominicano, figuran los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo.
La jueza Altagracia Ramírez considera que los abogados de la parte querellantes no estaban debidamente representados por los poderes pertinentes.
La jueza Altagracia Ramírez considera que los abogados de la parte querellantes no estaban debidamente representados por los poderes pertinentes.ld

Estos querellantes depositaron acusaciones particulares contra acusados en el caso Calamar. La acusación fue por supuestamente estafar al Estado dominicano. En este caso, figuran los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo.


La magistrada Altagracia Ramírez tomó la decisión al considerar que los abogados de las partes querellantes no estaban debidamente representados por los poderes pertinentes. Además, fijó la lectura íntegra de la decisión para el 25 de agosto.

De acuerdo al abogado Carlos Escalante, quien representa a Angel Lockward, dijo que se archivaron tres casos que incluían a más de noventa querellantes. En total, figuran unos 262 querellantes que interpusieron acciones particulares. Estas acciones respondían a la acusación presentada por el ministerio público.

Se declaró la extinción de la acción penal en estos casos. Uno de los casos archivados incluía a ochenta y cinco de estos querellantes.

Gonzalo Castillo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

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Asimismo, la jueza dictaminó el desistimiento tácito conforme al artículo 134 del Codigo Procesal Penal. Esto se debió a que no se presentaron ni los querellantes ni el poder especial que los representaban. Estos eran el abogado Pablo Castillo y Anabel Montalvo Mota. Estos dos abogados habían promovido diversos aplazamientos incluyendo certificados médicos de ambos en la misma audiencia.

El tribunal además ordenó el desglose de dos querellados que están en grave estado de enfermedad. Estos son Andrés Moya de 86 años, quien padece cáncer terminal, y Parmenio Rodríguez, quien tiene cáncer de próstata.

Escalante sostuvo que habían planteado diversas inadmisibilidades. Esto se basó en que los querellantes no tenían derechos registrados en la parcela objeto de pago por parte del Estado. Además, esos querellantes nunca firmaron contratos con el Estado. Por lo tanto, no pudieron ser “engañados por nadie”.

Manifestó que la audiencia se centró en cuestiones de la técnica procesal. Esta técnica fue seguida inicialmente por él y apoyada por Carlos Balcacer. Las demás barras apoyaron diversos planteamientos que pudieron ser refutados por la nutrida barra de los querellantes.

La querella particular incluye a Amauri Peguero Cabrera, Ana Linda Fernandez de Paola, Andrés Guerrero, Belkis Antonia Tejada Martínez, Bethania Altagracias Rivas Martínez. También incluye a tercero civilmente demandado, BXT Dominicana, Emir José Fernandez de Paolam, Enilda Ortiz Rodriguez, Eylin Arisbel Bautista Pérez, Felix Benjamin Lima Castillo, Grupo Amerinova, y Grupo Bibefe.

También Humberto Alberto Santana Díaz, José Agustin Mota Núñez, Juana Lidia Cedano, Luis Antonio Peguero Cabrera, Merido de Jesús Torres Espinal, Natalia Cesarina Beltré, Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, Pedro María de la Altagracia Veras, Prominex Multiservicios, y Rafael Antonio del Rosario Castro, entre otros.

Cabe destacar que esa misma jueza conoce el juicio preliminar seguido en contra de los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y otros implicados en el sonado caso.

Entre los acusados también figuran Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, respectivamente.

El caso ha generado una fuerte atención pública debido a que el Ministerio Público acusa a los implicados de desviar millones de pesos. Los desvíos se realizaron mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos relacionados con la campaña política del 2020.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) busca en el tribunal establecer responsabilidades. Esto incluye las de los implicados en la presunta red de corrupción y los beneficiarios finales de los recursos sustraídos.