TSA conocerá hoy amparo contra “Parquéate RD” por multas de RD$5,000 a conductores

Por Raúl Germán Bautista.– El Tribunal Superior Administrativo (TSA) conocerá hoy martes 12 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana y de manera virtual, la audiencia de acción de amparo preventivo, interpuesta contra el Fideicomiso Público “Parquéate RD” por el cobro de multas de RD$5,000 a conductores que se estacionen en lugares prohibidos.

La audiencia, marcada con el rol número 19 y el expediente 2025-0193789, será conocida por la Cuarta Sala del TSA. El accionante es el abogado constitucionalista y exfiscal Cirilo De Jesús Guzmán López, mientras que el Fideicomiso “Parquéate RD”, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), figura como parte demandada.

La vista fue fijada para hoy luego de que la representante legal de “Parquéate RD” solicitara la inclusión de la Presidencia de la República y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) en el proceso, a fin de que ambas instituciones presenten sus argumentos sobre la legalidad del mecanismo de sanciones.

Desde el lunes 4 de agosto, el INTRANT y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) activaron operativos para sancionar a conductores que se estacionen de forma indebida en vías del Distrito Nacional, dentro del programa “Parquéate RD”.

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El monto de RD$5,000 se desglosa en RD$1,000 por la infracción, pagaderos a través de la página de la Procuraduría General de la República o en sucursales del Banco de Reservas, y RD$4,000 por concepto de grúa y custodia del vehículo, mediante depósito en la cuenta 9608371555 del BR a nombre de “Parquéate RD” o a través de la aplicación MOVIPASS.

El Centro de Detención de Vehículos opera en la avenida 27 de Febrero #368, casi esquina Dr. Defilló. Además, se suman RD$400 adicionales por cada 24 horas de retención.

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Guzmán López sostiene que la multa total de RD$5,000 es “arbitraria y carente de base legal expresa” y que “viola principios constitucionales como el de legalidad”.

“La disposición del párrafo III del artículo 242 de la Ley 63-17 no autoriza de manera expresa al fideicomiso a realizar estos cobros”, expresó Guzmán.

El abogado solicita la nulidad del cobro y la suspensión de su aplicación hasta que se determine si cumple con las disposiciones legales y constitucionales vigentes.