Investigación penal contra Maxy Montilla permanece totalmente abierta
El magistrado Wilson Camacho informó que el caso que involucra a Maxy Gerardo Montilla Sierra se encuentra actualmente abierto bajo una investigación penal dominicana.
Este proceso judicial está directamente relacionado con un gran supuesto caso de corrupción detectado en las diferentes empresas distribuidoras de electricidad del Estado nacional.
La pesquisa penal surgió originalmente durante los interrogatorios realizados en el proceso que involucra directamente al ciudadano Alexis Medina Sánchez hermano del exmandatario dominicano.
Detalles del millonario acuerdo económico con el Ministerio Público
Se recuerda que en septiembre de dos mil veinticinco Montilla Sierra llegó a un importante acuerdo legal con el activo órgano persecutor del Estado.
El imputado se comprometió formalmente a devolver la suma de tres mil millones de pesos como compensación económica por los daños causados al patrimonio.
El pacto establece la entrega de dos mil millones en efectivo mientras el resto será dividido entre las distribuidoras y la oficina de impuestos.
Nuevos implicados muestran vivo interés en colaborar con la justicia
Wilson Camacho reveló que otras personas señaladas en este mismo expediente de corrupción han mostrado un vivo interés en colaborar con las autoridades judiciales.
El Ministerio Público se encuentra ponderando detenidamente llegar a nuevos acuerdos procesales con estos implicados para agilizar el proceso en los tribunales nacionales dominicanos.
Las autoridades judiciales tomaron en cuenta el factor tiempo para evitar conocer este largo y complejo litigio ante un tribunal de la República dominicana.
Disolución de las empresas utilizadas para el fraude estatal
El Ministerio Público determinó que Montilla Sierra utilizó de forma fraudulenta sus múltiples empresas para participar ilegalmente en los procesos de contratación pública nacional.
Las compañías del imputado funcionaron como vehículos societarios ilícitos logrando adjudicaciones millonarias que perjudicaron gravemente el valioso patrimonio de todo el Estado dominicano actual.
El trato firmado contempla la disolución definitiva de unas diez empresas eléctricas vinculadas al entramado societario en un plazo máximo de dos años establecidos.