Nueve grandes casos de mala administración y corrupción en el gobierno de Luis Abinader

Dentro de los casos sonoros de mala administración, y que no han tenido consecuencias penales, están el robo de los datos del Ministerio de Salud Pública de las personas que se vacunaron contra la Covid-19
Santiago Hazim, Hugo Beras, Gloria Reyes y Tony Peña Guaba.
Santiago Hazim, Hugo Beras, Gloria Reyes y Tony Peña Guaba.

Yudelka Domínguez
Santo Domingo, RD
Aunque han existido denuncias de situaciones que han embarrado la gestión que realiza el Gobierno del presidente Luis Abinader, al menos se han conocido nueve grandes escándalos de mala administración y corrupción en instituciones públicas, que en algunos casos han terminado con la destitución de funcionarios, prisión para involucrados o ninguna sanción.

Dentro de los casos sonoros de mala administración, y que no han tenido consecuencias penales, están el robo de los datos del Ministerio de Salud Pública de las personas que se vacunaron contra la Covid-19; la venta de “nombramientos” que también generó la destitución del director de Recursos Humanos de esa institución; la falta de medicamentos en el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL).

Los señalamientos a Roberto Fulcar por la adquisición de libros digitales; las cancelaciones por irregularidades de licitaciones en Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie); las múltiples denuncias de fraudes y fallos en el sistema de cobro de peajes electrónicos «Paso Rápido»; la destitución de empleados de seguridad del Ministerio de Agricultura, que supuestamente tomaban “un dinero que había que repartir entre otros empleados”, pero que también aparecen que reciben grandes créditos del Programa de Apoyo Agropecuario, entre otros escándalos que han salpicado esta administración.

Además está Bartolomé Pujals ex director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información (Ogtic) quien se vio envuelto en al menos tres escándalos durante su gestión. El primero fue por la contratación de un twittero por más de 6 millones de pesos para la creación de proyectos y nunca se realizó ninguna proyecto; el desacreditar a un empleado en las redes que acusaba en que la institución se vendían armas y alquiler millonario para un nuevo edificio, entre denuncias por licitaciones.

En la actualidad Bartolomé Pujals es embajador de la República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).

Más allá de estos señalamientos, han existido al menos nueve escándalos de mala administración o corrupción pública desde el 2025 a la fecha que han tenido consecuencias penales o destitución de funcionarios, exceptuando el dinero dado a los artistas y los bonos navideños en el Programa Supérate, este último evidenció la falta de control en la asignación de las personas que merecían la tarjeta y nunca tuvo consecuencia penal.

Senasa
Doctor Santiago Hazim, director del Senasa.
Doctor Santiago Hazim, exdirector del Senasa.Externa


El último caso de corrupción administrativa salió a la luz hace varias semanas, aunque fue este sábado que el Gobierno anunció que presentó un informe ante la Procuraduría General de la República que contiene grandes irregularidades en el Seguro Nacional de Salud, para que realicen las investigaciones pertinentes.

Se trata de la administración de Santiago Hazim al frente Senasa, y diversos contratos para la adquisición de medicamentos, gestionar la atención primaria, entre otros.

Aunque el Gobierno no ha especificado los hallazgos encontrados en su investigación, varios reportajes señalan, que desde el 2020 a la fecha el Gobierno paga, en al menos un contrato, más de 65 millones de pesos mensuales, sin la necesidad de que se ofreciera el servicio para atención primaria.

Estos grandes fraudes también contienen un “call center paralelo” que gestionaba las autorizaciones a favor de empleados.

Sumado a esto, el 15 de agosto la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que declaró nulo una contratación de Senasa con la razón social Farmacard, S.R.L., por violar lo dispuesto en la Ley Núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, debido a que se constató que el procedimiento se realizó al margen de la normativa, vulnerando principios esenciales como legalidad, debido proceso, igualdad, libre competencia, transparencia y publicidad.

“En esta mañana el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisaril), Miguel Ceara Hatton y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) Edward Guzmán se encuentran ante la Procuraduría General de la República para hacer entrega formal de un informe que contiene graves hallazgos de irregularidades fueron detectadas en el marco de sus funciones”, explicaba la mañana de este sábado Félix Reyna en una rueda de prensa desde el Palacio Nacional.