Carolina Moreno sospecha jugada sucia de la PGR con el Código Penal y afirma que “le suena a boicot”

La abogada Carolina Moreno afirmó que el texto aprobado por el Senado, correspondiente a la Ley 75-25 sobre el nuevo Código Penal, fue el resultado de una consolidación de múltiples propuestas previamente presentadas. Sin embargo, denunció que un día antes de la segunda lectura, la Procuraduría General de la República (PGR) envió 126 observaciones al proyecto.

Código Penal
“La Procuraduría General de la República tuvo meses para enviar sus comentarios y observaciones, pero esperaron hasta el último momento (un día antes), y eso a mí me suena a boicot”, puntualizó.

Según sus declaraciones, estas observaciones no pudieron ser analizadas debidamente, ya que llegaron cuando el proyecto estaba a punto de ser aprobado.

Durante su intervención, Moreno también cuestionó la manera en que se integraron muchas de estas modificaciones, indicando que no fueron conocidas ni debatidas por los senadores, sino revisadas en la madrugada por «el equipo técnico del Senado».

Asimismo, advirtió que la versión que llegó a la Cámara contiene artículos que no habían sido consensuados, lo que obligará a la creación de una nueva comisión para su estudio.

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Moreno señaló que entre los cambios más polémicos incluidos en el nuevo texto se encuentran artículos relacionados con el ciberbullying, las denuncias falsas, el trauma, y una disposición sobre la despenalización de instituciones que, según Moreno, afecta directamente a entidades como la Iglesia.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en El Recetario, un programa radial transmitido por Alofoke FM 99.3. Según Moreno, el proceso de aprobación del nuevo Código Penal, recientemente aprobado en primera lectura bajo la Ley 75-25, estuvo marcado por irregularidades, falta de transparencia y lo que ella califica como un posible “boicot” por parte de ciertas instituciones.

Sobre el nuevo Código Penal
El nuevo Código Penal instituido mediante la Ley 75-25, entrará en vigencia en agosto de 2026, tras cumplirse un período de vacatio legis de 12 meses, con la finalidad de que la etapa transitoria tiene brinde el tiempo necesario para que ciudadanos, instituciones y operadores del sistema de justicia conozcan, comprendan y se preparen para la aplicación del nuevo régimen penal.

La vacatio legis, término jurídico de origen latino que significa “vacancia de la ley”, se refiere al período que transcurre entre la publicación oficial de una ley y su entrada en vigor.

Esta figura es fundamental en los sistemas legales modernos, ya que evita la aplicación inmediata de normas que podrían requerir ajustes institucionales, procesos de capacitación o adaptaciones operativas, especialmente en cuerpos legales tan complejos como el Código Penal.