Santo Domingo. – El abogado y analista jurídico Eliseo Almánzar expresó su preocupación ante varios puntos sensibles del nuevo Código Penal recientemente promulgado en la República Dominicana. Destacó que algunas disposiciones podrían generar efectos adversos para funcionarios públicos y ciudadanos de escasos recursos.
Almánzar advirtió que, bajo la nueva normativa, “todo lo que se haga en el Estado será sancionado con prisión”. Esto podría poner en riesgo a servidores públicos y aspirantes a cargos que desconozcan el alcance de las nuevas disposiciones penales.
“El nuevo Código Penal establece figuras que pueden convertir cualquier acción administrativa o decisión pública en una causal de prisión. Esto debería preocupar a quienes ocupan o buscan ocupar funciones en el Estado”, puntualizó el jurista.
Según él, esto compromete la imparcialidad y el equilibrio del sistema. “El Ministerio Público no puede ser juez y parte. Su rol es acusar, no dictar cómo deben ser las leyes”, señaló.
Advirtió que el sistema continúa siendo más severo con los sectores más vulnerables. “El derecho penal en República Dominicana se ha convertido en una máquina para castigar pobres. Hay una marcada diferencia en cómo se aplican las leyes según el estatus económico del imputado”, manifestó.
Para Almánzar, se hace urgente una revisión cuidadosa de la aplicación práctica de la nueva ley. Esto es necesario a fin de evitar abusos, proteger derechos fundamentales y garantizar que el sistema penal no se convierta en un instrumento de persecución o discriminación.
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