Nuevos controles financieros para los partidos
Proyecto de ley obligaría a aspirantes políticos a presentar prueba antidopaje y certificaciones de antecedentes penales
El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la actual legislación electoral sobre partidos políticos nacionales.
La iniciativa legislativa establece mayores controles financieros a los fines de evitar la incursión de dinero proveniente del narcotráfico y crimen organizado.
De convertirse en ley los aspirantes presidenciales tendrían que someterse a pruebas antidopaje y presentar certificaciones penales de los últimos quince años.
La propuesta modifica una veintena de disposiciones vigentes e introduce conceptos propios de la prevención de lavado de activos en el país.
Procedimientos de debida diligencia y compliance
El proyecto crea procedimientos obligatorios de debida diligencia mediante los cuales los partidos verificarán los antecedentes económicos de todos sus donantes.
Las organizaciones políticas tendrán que implementar programas internos de cumplimiento normativo destinados a prevenir la penetración de recursos ilícitos en campaña.
Cada partido político deberá designar obligatoriamente un oficial de cumplimiento encargado de supervisar los controles internos y reportar operaciones de sospecha.
Para aspirar se requerirá una declaración jurada de patrimonio de tres años o una certificación fiscal de la Dirección de Impuestos Internos.
Facultades de exclusión y sanciones de la JCE
Los partidos dominicanos quedarán facultados para declarar inadmisibles o excluir a los precandidatos que presenten documentación falsa u oculten información financiera.
Las reglas sobre financiamiento son endurecidas introduciendo la figura del aportante final para identificar quién verdaderamente controla los recursos económicos entregados.
La Junta Central Electoral verá ampliadas sus competencias mediante el fortalecimiento técnico de la Unidad Especializada de Control Financiero de partidos.
El tribunal electoral suspenderá el financiamiento público a los partidos que reciban aportes ilícitos o incumplan los sistemas de trazabilidad exigidos.