RD encabeza ranking global en avances del Estado de derecho

La República Dominicana se posicionó como el país con mayor avance en materia de Estado de derecho a nivel mundial, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2023 publicado por el World Justice Project (WJP).

El informe, dado a conocer este martes, señala que la nación caribeña registró una mejora del 2.1 % en su puntuación general, el incremento más alto entre los 143 países analizados, superando a Senegal (1.6 %), Sierra Leona (1.4 %) y Bangladesh (1.3 %).

Con una puntuación total de 0.50, República Dominicana escaló 11 posiciones hasta situarse en el puesto 76 del ranking global, gracias a avances notables en acceso a la justicia, transparencia y rendición de cuentas institucional.

El WJP destacó que el progreso dominicano se produce en un contexto donde el 68 % de los países evaluados retrocedieron, lo que refuerza el valor de los logros alcanzados por el país junto a Brasil y Chile, las únicas naciones latinoamericanas con resultados positivos en la edición 2025.

El estudio basado en las percepciones de más de 215,000 ciudadanos y 4,100 expertos analiza ocho factores esenciales: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

El director ejecutivo del WJP, Dr. Alejandro Ponce, advirtió que “la recesión del Estado de derecho se está acelerando en todo el mundo”, impulsada por el autoritarismo y la pérdida de independencia judicial. Sin embargo, resaltó que “la República Dominicana demuestra que el progreso es posible” cuando existen políticas sostenidas para fortalecer la justicia y la gobernanza democrática.

El índice también muestra caídas significativas en países como Rusia, Sudán y Mozambique, así como retrocesos en democracias consolidadas como Estados Unidos (-2.8%) y México (-2.8%).

El WJP subraya que “construir instituciones sólidas toma años, pero desmantelarlas puede ocurrir rápidamente”, instando a los gobiernos a utilizar los datos del informe como base para diseñar reformas que refuercen la confianza ciudadana en la ley y las instituciones.

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