Yeni Berenice asegura que no existen acuerdos en el caso Cobra
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el Ministerio Público no mantiene acuerdos de culpabilidad en el caso Cobra.
Reynoso aseguró que ninguno de los diez imputados ha recibido criterio de oportunidad por la presunta red de corrupción en Senasa.
Indicó que el Ministerio Público solicitará sanciones penales contra todos los acusados por los graves hechos imputados.
La magistrada sostuvo que los imputados lesionaron a más de siete millones de afiliados del sistema de salud dominicano.
Reynoso aclaró que las medidas de coerción impuestas no constituyen penas ni sanciones definitivas.
Explicó que la coerción busca garantizar el avance de la investigación y la comparecencia de los imputados.
Aclaró que los acusados no serán tratados como testigos bajo ninguna circunstancia.
La procuradora afirmó que todos los imputados deberán recibir sanciones ejemplares por el daño causado al país.
Subrayó que la salud es un derecho fundamental que no puede ser objeto de corrupción.
Reynoso reiteró que nadie puede jugar con los recursos destinados a la atención médica de la población.
La funcionaria destacó que el Ministerio Público tiene más de cinco años combatiendo la corrupción administrativa.
Aseguró que continuarán trabajando sin descanso para llevar ante la justicia a los responsables.
Entre los imputados figura el exdirector de Senasa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy.
También están vinculados Rafael Luis Martínez Hazim y Gustavo Enrique Messina Cruz.
El expediente incluye a Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez.
Figuran además Eduardo Read Estrella y Cinty Acosta Sención entre los acusados.
El caso involucra igualmente a Heidi Mariela Pineda Perdomo y Ramón Alan Speakler Mateo.
Ada Ledesma Ubiera completa la lista de imputados en la Operación Cobra.
Al grupo se le imputan delitos de asociación de malhechores y coalición de funcionarios.
También enfrentan cargos por soborno, estafa contra el Estado y desfalco.
El expediente incluye acusaciones de falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

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