La República Dominicana y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) avanzan en la elaboración de la primera estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Un informe preliminar revela progresos, pero también profundas debilidades en la aplicación de las normas.
RD y la OCDE trabajan en una estrategia nacional de integridad
La República Dominicana desarrolla junto a la OCDE un plan para fortalecer su sistema de integridad pública. El proceso, que se ejecutará entre 2025 y 2026, incluye una revisión completa del marco institucional y servirá de base para diseñar la primera estrategia nacional anticorrupción. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) lidera la elaboración del documento.
El informe preliminar de la OCDE muestra avances en algunas áreas, pero también identifica fallas estructurales que limitan la efectividad de las políticas anticorrupción.
Hallazgos del informe: avances legales, pero poca aplicación
Cabildeo: 0% en normas y práctica
El país no cuenta con leyes que regulen el cabildeo. Tampoco existen reglas sobre periodos de enfriamiento para exfuncionarios ni registros públicos que identifiquen a los beneficiarios finales de las empresas.
Conflicto de intereses: 78% en normas, 22% en práctica
Aunque la legislación contempla obligaciones como la declaración patrimonial, no hay mecanismos claros para gestionar o resolver conflictos de intereses. Desde 2018 solo se ha verificado el 14% de las declaraciones.
Financiamiento político: 90% en normas, 14% en práctica
La ley prohíbe donaciones ilegales y establece límites, pero los informes financieros de campaña no se publican y las sanciones no se divulgan. Además, no todos los partidos presentan sus cuentas.
Acceso a la información pública: 67% en normas, 58% en práctica
El país se ubica ligeramente por debajo del promedio de la OCDE en esta materia.
Integridad judicial y del Ministerio Público
- Poder Judicial: 59% en normas y 40% en práctica.
- Fiscalía: 21% en normas y apenas 5% en práctica.
Sistema disciplinario: el punto más crítico
El país obtiene 42% en normas y 0% en la práctica. No existen reglas claras para apelar sanciones, ni guías para investigar faltas, ni sistemas digitales para gestionar los casos.
La OCDE concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco legal, la principal debilidad radica en la falta de aplicación efectiva.
La estrategia nacional buscará cerrar la brecha entre ley y realidad
El plan que se diseña junto a la OCDE pretende reducir la distancia entre lo que establecen las normas y lo que ocurre en la práctica, uno de los desafíos históricos del sistema institucional dominicano.
Abinader fortalece acercamiento con la OCDE
El presidente Luis Abinader viajó a Francia para participar en el Foro Global Anticorrupción en París y sostener una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron.
Durante la agenda, el canciller Roberto Álvarez y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, firmaron un Memorando de Entendimiento para formalizar el acercamiento entre ambas partes. El acuerdo busca impulsar la cooperación, el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de políticas públicas alineadas con estándares internacionales.
Abinader: “La integridad no es un eslogan”
En su intervención en el Foro Global Anticorrupción, Abinader afirmó que la integridad es un principio fundamental de su gobierno y un pilar para el desarrollo económico y democrático del país. Explicó que su administración trabaja bajo cuatro ejes: prevención, transparencia, coordinación y cumplimiento.
El mandatario destacó que la integridad fortalece la confianza ciudadana y la estabilidad institucional, mientras que su ausencia erosiona la legitimidad del Estado.
“La corrupción actúa como un impuesto invisible que aumenta los costos, distorsiona la competencia, desalienta la inversión y reduce la productividad”, expresó.
La OCDE: 60 años diseñando mejores políticas
La OCDE, integrada por más de 38 países, acumula más de seis décadas de experiencia en el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, promover la prosperidad y ampliar oportunidades basadas en la igualdad y el bienestar.