Estado dominicano saluda juicio en caso Intrant
El Estado dominicano representado por el Equipo de Recuperación de Patrimonio Público saluda el auto de apertura a juicio para todos los implicados.
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó formalmente el importante precedente de reconocer al Estado como una víctima civil.
El Equipo de Recuperación de Patrimonio Público tiene la firme voluntad de recuperar hasta el último centavo robado por la red de corrupción.
El Estado busca de manera legal que la cultura de la impunidad sea enterrada definitivamente mediante sentencias ejemplares en los tribunales correspondientes.
Reclamación millonaria y ratificación del criterio judicial
El abogado José Alberto Ortiz destacó que el Estado va a poder reclamar en juicio una indemnización ascendente a doce mil millones de pesos.
Esos multimillonarios montos recuperados volverán directamente al patrimonio nacional para invertirlos de inmediato en políticas obras y servicios públicos de alta calidad.
El jurista Ortiz estuvo acompañado en el tribunal por Rafael Rivas coordinador del equipo de recuperación y por el abogado Edison Joel Peña.
Con esa decisión la jueza Yanibet Rivas ratifica el criterio de los tribunales reconociendo la facultad del Poder Ejecutivo en estos casos.
Defensa objetiva del patrimonio y exfuncionarios imputados
Este importante caso penal es una muestra de que la defensa del patrimonio público debe ser totalmente objetiva independiente y ajena a filiaciones.
Cuando se trata de proteger los recursos del Estado dominicano no importa el color político de nadie afirmaron los coordinadores del equipo jurídico.
Deberán enfrentar juicio de fondo Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda exfuncionarios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte.
También fueron enviados a juicio los ciudadanos Frank Rafael Atilano Díaz Warden y Juan Francisco Álvarez Carbuccia exdirectivos de la institución estatal.
Personas jurídicas implicadas y daños al patrimonio público
En el mismo orden judicial van a juicio Carlos José Peguero Vargas Mariano Gustini Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz.
El tribunal también incluyó a las personas jurídicas Transcore Latam Aurix Inprosol OML Inversiones PagoRD Xchange Industria Soltex Dominicana y la empresa Dekolor.
El Estado sostiene firmemente que el sabotaje y la alteración de servicios públicos constituyen fuentes directas de perjuicio patrimonial para la nación.
Las autoridades reclamarán una justa reparación económica por el daño moral colectivo en beneficio directo de toda la sociedad de la República Dominicana.