La justicia ordena juicio oral por presunta declaración falsa
La justicia peruana decidió este viernes enviar a juicio al candidato izquierdista Roberto Sánchez, quien disputará la segunda vuelta presidencial contra Keiko Fujimori este domingo 7 de junio. La medida surge por una acusación de presunta declaración falsa en el financiamiento de su partido, vinculada a campañas regionales y municipales entre 2018 y 2020.
El juez Adolfo Farfán leyó la resolución que dicta el auto de enjuiciamiento, mientras la Fiscalía solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de prisión. La defensa de Sánchez anunció que apelará la decisión y tiene un plazo de una semana para hacerlo.
El juicio no detendrá la segunda vuelta
A pesar de la orden judicial, el proceso no afectará la celebración del balotaje, ya que la apelación mantiene vigente la candidatura. Si Sánchez gana la presidencia, obtendría inmunidad constitucional, lo que suspendería el proceso penal mientras ejerza el cargo.
Acusación por fondos no declarados
Según la Fiscalía, existen inconsistencias en los reportes financieros del partido Juntos por el Perú, que habría recibido más de 57.000 dólares en aportes no declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Un balotaje marcado por tensión y hastío electoral
Perú llega a esta segunda vuelta en medio de un clima de cansancio político, tras una década con diez presidentes y una crisis institucional persistente. Keiko Fujimori mantiene una ligera ventaja en las encuestas previas, con 38% frente al 35% de Sánchez, según Ipsos.
Dos proyectos opuestos
Los candidatos representan visiones completamente distintas:
- Keiko Fujimori: derecha autoritaria, con fuerte presencia en el Congreso y un discurso centrado en evitar el “caos” y el “comunismo”.
- Roberto Sánchez: izquierda indigenista, exministro de Pedro Castillo, quien promete amnistiar al expresidente, reformar instituciones y fortalecer la presencia del Estado.
El caso Cócteles
Mientras Sánchez enfrenta un juicio, Keiko Fujimori continúa bajo escrutinio por el caso Cócteles, un proceso por presunto lavado de activos que la justicia evalúa reabrir o archivar definitivamente. La decisión está en manos de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional.