SANTO DOMINGO.– La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerá este martes la querella interpuesta contra Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), acusada de presunta difamación e injuria en perjuicio del exprocurador Jean Alain Rodríguez.
La audiencia: defensa pública y expediente reenviado
La audiencia está pautada para las 11:00 de la mañana, luego de que el tribunal ordenara remitir el expediente a la Oficina Nacional de Defensa Pública para asignar un representante legal a Ortiz, quien compareció sin abogado privado en la sesión anterior.
El proceso surge de la querella presentada por el abogado Carlos Balcácer, representante de Jean Alain Rodríguez, quien reclama una indemnización de RD$25 millones, monto que —según afirmó— sería destinado al Cuerpo de Bomberos de Jimaní.
Las declaraciones que originaron la querella
Balcácer sostiene que Ortiz realizó declaraciones públicas los días 17 y 25 de febrero, en las que afirmó que “el consejo de Jean Alain lució desorganizado” y que el exprocurador supuestamente “obstruía la marcha normativa del Segundo Colegio de Jueces”. La defensa asegura que Rodríguez no tomó la palabra en esas audiencias y que incluso se encontraba en Jimaní en dos de esas fechas.
Reacción del Ministerio Público
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó la querella como un intento de amedrentar los esfuerzos contra la corrupción y una estrategia para apartar a Ortiz de los procesos que involucran al exprocurador. Camacho afirmó que el Ministerio Público seguirá “al pie del cañón” y que Rodríguez busca evitar el análisis de las pruebas en su contra.
Contexto del caso y próximos pasos
La audiencia anterior fue aplazada para permitir la designación de un defensor público, y el tribunal retomará este martes el conocimiento formal de la acusación privada. El caso se enmarca en el prolongado proceso judicial que enfrenta el exprocurador Jean Alain Rodríguez, investigado por presuntos actos de corrupción durante su gestión.