Administración de Donald Trump propone un aumento de quinientos setenta dólares para la ciudadanía estadounidense
La Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha propuesto aumentar en quinientos setenta dólares las tarifas para solicitar la ciudadanía de esa nación.
La polémica medida económica contempla además eliminar por completo todas las exenciones de pago y descuentos para las personas de bajos ingresos actuales.
Los cambios regulatorios buscan modificar el acceso a los procesos de naturalización de miles de inmigrantes residentes legales en todo el territorio norteamericano.
Donald Trump, ha propuesto aumentar en 570 dólares (500,9 euros) las tarifas para solicitar la ciudadanía estadounidense.
Costo de la solicitud en papel pasaría de setecientos sesenta dólares a mil trescientos treinta dólares
Según el proyecto presentado el lunes por el Departamento de Seguridad Nacional el costo para las solicitudes en papel pasaría de setecientos sesenta dólares.
La tarifa final aumentaría a mil trescientos treinta dólares para los formularios tradicionales impresos ingresados formalmente por las oficinas de la agencia federal.
Por su parte las presentaciones electrónicas en línea registrarían un incremento fijado en mil doscientos ochenta dólares para cada uno de los solicitantes.
Departamento de Seguridad Nacional plantea eliminar los programas de reducción de tarifas para inmigrantes
La propuesta gubernamental también contempla un incremento de seiscientos cuarenta y cinco dólares en las tasas para quienes soliciten reconsiderar una ciudadanía denegada.
Además el plan oficial plantea eliminar las exenciones de pago para los inmigrantes con ingresos familiares inferiores al umbral de la pobreza federal.
Las autoridades de la agencia migratoria explicaron detalladamente que estos incrementos de precios permitirán cubrir por completo los elevados costos de toda tramitación.
La propuesta entrará en una fase de consulta pública obligatoria durante los próximos sesenta días
Estos cambios económicos no entrarán en vigor de forma inmediata debido a que el sistema norteamericano exige previamente una fase de consulta pública.
La ciudadanía y las organizaciones sociales tendrán un plazo de sesenta días para emitir sus respectivas consideraciones antes de la debida aprobación definitiva.
La iniciativa forma parte de la política migratoria mucho más restrictiva que impulsa el actual gobierno federal desde su regreso a la Casa Blanca.