La Fundación Institucionalidad y Justicia expresó su preocupación por casos recientes que evidencian severas deficiencias en el sistema de justicia penal dominicano.
Por lo tanto, la entidad citó el caso de un ciudadano que permaneció veinte años en prisión preventiva sin obtener una sentencia definitiva.
Sin duda, la falta de seguimiento a los expedientes judiciales provoca que la medida cautelar termine convirtiéndose en una condena anticipada e ilegal.
En consecuencia, el organismo advirtió que el poder punitivo del Estado debe ejercerse con estricto apego a la Constitución y los derechos humanos.
Infracciones al debido proceso y prisión preventiva
- Por consiguiente, la intervención de la Defensoría Pública logró la liberación del hombre que permaneció recluido injustamente desde el año dos mil seis.
- Asimismo, la institución recordó la detención de trece personas durante un mes sin ser presentadas ante un juez correspondiente según la ley.
- Es decir, la acción de hábeas corpus permitió restituir la libertad de los ciudadanos afectados por el evidente exceso en los plazos legales.
- Además, la entidad reiteró que la libertad de los imputados constituye la regla general y cualquier restricción requiere estrictos controles jurisdiccionales.
Garantías constitucionales y reforma judicial
Obviamente, respetar la presunción de inocencia y garantizar el debido proceso en los tribunales resulta totalmente indispensable para consolidar el Estado Social de Derecho.
Por lo tanto, la organización hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para corregir las graves fallas que impactan la justicia nacional.