Consejo de Ministros aprueba Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 con enfoque social y crecimiento sustentable

Santo Domingo, 23 de septiembre de 2025 – En el quincuagésimo segundo Consejo de Ministros, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña Rodríguez, el Gobierno dominicano aprobó esta mañana el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para el año 2026, el cual será enviado al Congreso Nacional antes del 1 de octubre, conforme exige la Constitución.

El Presupuesto 2026 se propone por un monto de RD$1 billón 744 mil millones, equivalente al 20.1 % del Producto Interno Bruto (PIB).  Uno de los pilares de este proyecto es impulsar la inversión pública, que será del 2.5 % del PIB.

Según afirmó el ministro de la Presidencia y secretario técnico del Consejo, José Ignacio Paliza, el gasto de capital proyectado para 2026 supera al presupuesto reformulado de 2025 en RD$7,354.6 millones y es RD$39,000 millones mayor que el presupuesto inicial de 2025.  Estos recursos estarán destinados a sectores estratégicos como transporte, vivienda, agua potable y saneamiento.

Por otra parte, el proyecto asigna aproximadamente 46 % del gasto total a servicios sociales, reafirmando el compromiso del Gobierno con áreas como educación, salud, seguridad social y deporte.  En educación, se prevé garantizar una asignación de 4 % del PIB.  También se contemplan mayores recursos para salud y seguridad social, así como una partida especial para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El marco macroeconómico del proyecto estima un crecimiento real del PIB de 4.5 %, mientras que la inflación promedio esperada se sitúa en torno a 4 %.

Durante el Consejo también se presentaron avances en la Evaluación de Desempeño Institucional (EDI) y el seguimiento a 10 metas prioritarias en sectores como agricultura, energía, industria y comercio.  Además, se enfatizó la importancia de la planificación, el monitoreo y la rendición de cuentas, mediante la Priorización de Programas 2026.

La vicepresidenta Raquel Peña cerró la sesión reafirmando el compromiso del Gobierno con la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad en la gestión de los recursos públicos.