El Consejo Estatal del Azúcar derribó varias viviendas en terrenos estatales ubicados en la comunidad Llanos de Pérez, del municipio de Imbert.
Por lo tanto, el sorpresivo operativo generó gran incertidumbre entre las familias desalojadas, quienes afirman poseer acuerdos de compra con la propia entidad.
Sin duda, las autoridades del organismo estatal advierten que las ocupaciones territoriales carecen de sustento legal y forman parte del patrimonio del Estado.
En consecuencia, los comunitarios afectados solicitaron la inmediata intervención de la Gobernación Provincial para esclarecer definitivamente el conflicto sobre los solares.
Reclamaciones comunitarias y postura oficial
- Por consiguiente, los residentes desposeídos exigen explicaciones transparentes sobre los procedimientos de demolición ejecutados sin previo aviso por las autoridades actuantes.
- Asimismo, los ocupantes aseguran mantener la posesión continua de las propiedades durante años tras haber concertado pagos formales con el organismo azucarero.
- Es decir, la falta de comunicación pública por parte de las autoridades incrementó la tensión social y las protestas locales en la provincia.
- Además, el Ministerio de Vivienda proyecta convertir otros terrenos del antiguo ingenio Montellano en un parque urbano con instalaciones deportivas comunitarias.
Mediación institucional y desarrollo territorial
Obviamente, garantizar la transparencia en los procesos de desalojo y proteger los derechos ciudadanos resulta totalmente indispensable para mantener la paz social.
Por lo tanto, las instituciones del Estado deberán evaluar la documentación presentada por las familias para dar una respuesta definitiva al conflicto territorial.