Tribunal Constitucional falla contra Ayuntamiento de Moca por retención de vehículo
Moca, Espaillat.- El Tribunal Constitucional declaró vulnerados los derechos de un ciudadano cuyo vehículo fue retenido por el Ayuntamiento de Moca y exigió pagar tres mil pesos.
La decisión establece límites a las actuaciones municipales relacionadas con la retención de vehículos estacionados en espacios públicos del casco urbano local.
Tribunal anula aplicación de ordenanza municipal
Mediante la sentencia TC/0785/26, el Tribunal Constitucional acogió un recurso presentado por el abogado Shesnel Calcaño, representante legal de Juan Carlos Mejía Vásquez.
El ciudadano recurrió luego de que las autoridades municipales retuvieran su vehículo por estacionarse parcialmente sobre una marca amarilla ubicada en la vía pública.
Para recuperar el automóvil, las autoridades municipales exigieron el pago de RD$3,000, situación que posteriormente fue cuestionada ante los tribunales.
TC declara vulnerados derechos fundamentales
El Tribunal Constitucional revocó una decisión anterior de la jurisdicción civil y comercial que había rechazado la acción de amparo presentada por Mejía Vásquez.
Los jueces acogieron la excepción de inconstitucionalidad planteada contra la Ordenanza 01-2025, aprobada por el Concejo Municipal de Regidores.
La disposición establece tasas relacionadas con servicios de traslado o retención de vehículos y estructuras dentro del municipio de Moca.
Ordenan devolver inmediatamente el vehículo
El Tribunal Constitucional ordenó al Ayuntamiento de Moca devolver el vehículo Honda Pilot sin exigir pagos relacionados con la ordenanza municipal cuestionada.
La decisión también incluyó al Concejo Municipal de Regidores y a los funcionarios responsables de ejecutar la medida contra el ciudadano afectado.
El fallo determinó que fueron vulnerados los derechos fundamentales a la propiedad, debido proceso administrativo y principio de legalidad.
Ayuntamiento deberá devolver dinero cobrado
En caso de que el ciudadano haya realizado algún pago relacionado con la retención del vehículo, el Ayuntamiento deberá devolver las cantidades correspondientes.
Además, el Tribunal Constitucional estableció una astreinte de RD$1,000 diarios por cada día de retraso en cumplir con la decisión.
La suma deberá ser pagada por el Ayuntamiento de Moca en beneficio del ciudadano favorecido mediante la sentencia constitucional.
TC cuestiona facultades sancionadoras municipales
El Tribunal Constitucional consideró que la ordenanza municipal excedía las competencias locales al establecer un sistema sancionador relacionado con vehículos retenidos.
Según la sentencia, los ayuntamientos pueden organizar el tránsito, administrar espacios públicos y colocar señalizaciones dentro de sus atribuciones.
Sin embargo, esas facultades no permiten crear mecanismos independientes para inmovilizar vehículos y exigir pagos como condición para liberarlos.
Tribunal exige respaldo legal para retenciones
Los jueces señalaron que cualquier actuación municipal de carácter sancionador debe contar con una habilitación legal expresa y respetar las garantías correspondientes.
El Tribunal también destacó que los procedimientos administrativos deben permitir que las personas afectadas ejerzan adecuadamente su derecho a defenderse.
De acuerdo con el criterio establecido, ordenar el estacionamiento no significa disponer de facultades sancionadoras que corresponden a autoridades nacionales.
Sentencia establece precedente constitucional
El abogado Shesnel Calcaño consideró que la decisión constituye un precedente importante para ciudadanos cuyos vehículos sean retenidos bajo circunstancias similares.
Según explicó, el criterio del Tribunal podría ser utilizado en casos posteriores registrados en Moca u otros municipios del territorio nacional.
El jurista sostuvo que la sentencia establece parámetros sobre las actuaciones de los gobiernos municipales frente a la retención de vehículos.
También cuestionan prácticas en otros municipios
Los abogados Miguel Valdemar y Shesnel Calcaño presentaron además una acción directa de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 01-2025.
Ese proceso busca determinar la constitucionalidad general de la disposición aprobada por el Ayuntamiento de Moca y sus efectos sobre ciudadanos.
La acción permanece pendiente de decisión, mientras los abogados cuestionan prácticas similares aplicadas por diferentes ayuntamientos del país.
Debate alcanza a Santiago y San Francisco
De acuerdo con los abogados, otros municipios también han aplicado mecanismos relacionados con la retención y cobro de tasas sobre vehículos estacionados.
Entre las localidades mencionadas figuran Santiago y San Francisco de Macorís, donde también se han generado cuestionamientos sobre esas actuaciones municipales.
El debate se centra en determinar cuáles autoridades poseen competencia para sancionar determinadas infracciones y retener vehículos dentro de las ciudades dominicanas.
Sentencia delimita actuación de los ayuntamientos
El fallo del Tribunal Constitucional refuerza la necesidad de que las autoridades municipales actúen dentro de las competencias establecidas por la legislación.
La decisión también plantea límites frente a cobros exigidos para recuperar vehículos retenidos por disposiciones emanadas de gobiernos municipales.
El caso podría tener repercusiones en otros procesos donde ciudadanos cuestionen retenciones vehiculares realizadas por ayuntamientos sin respaldo legal suficiente.