El director de Persecución valora la ratificación de prisión preventiva
Santo Domingo.– El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, respaldó la decisión del tribunal que ratificó la prisión preventiva contra los imputados en el caso Senasa, al considerar que los motivos que originaron la medida continúan vigentes. Camacho sostuvo que la gravedad del daño causado al sistema de salud dominicano justifica mantener la coerción y avanzar hacia sanciones proporcionales.
Tribunal confirma medidas contra Santiago Hazim y otros implicados
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva de 18 meses contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y otros seis procesados vinculados a la presunta red de corrupción desmantelada mediante la Operación Cobra. Entre los imputados que seguirán recluidos figuran Ramón Alan Speakler Mateo, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones.
Camacho: “Deben recibir sentencias ejemplares”
Tras concluir la audiencia, Camacho afirmó que la prisión preventiva continúa siendo la medida “necesaria, idónea y proporcional” para los acusados. “Estos imputados deben continuar en prisión preventiva y, en el momento indicado, recibir sentencias ejemplares por haber dañado la salud del pueblo dominicano”, expresó el procurador adjunto.
Otros procesados mantienen medidas de coerción
El expediente también incluye a Ada Ledesma Ubiera, quien permanece bajo arresto domiciliario por razones de salud, así como a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen medidas como garantía económica e impedimento de salida del país. Asimismo, fue ratificada la prisión preventiva contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, acusado de participar en autorizaciones médicas fraudulentas vinculadas al fraude contra Senasa.
Un caso con múltiples estructuras de corrupción
De acuerdo con el Ministerio Público, la Operación Cobra ha revelado que el fraude al seguro estatal fue ejecutado desde varias estructuras, algunas aún bajo investigación. Las autoridades han identificado más de 4,300 autorizaciones fraudulentas emitidas entre 2021 y 2025, con un monto superior a RD$41 millones, según datos oficiales.