Advierten supuesta iniciativa anti ley mordaza despenaliza el exhibicionismo sexual y el bulling cibernético.
Santo Domingo, República Dominicana. – Las organizaciones ACCIONA RD, FUNDACION PRIMERO JUSTICIA y decenas de activistas cívicos, acudieron al Congreso Nacional a denunciar a depositar sus propuesta de modificaciones al nuevo Código Penal, advirtiendo que la supuesta iniciativa anti mordaza es una verdadera Estafa, pues deja intactos disposiciones que restringen la libertad de expresión y el derecho del pueblo a denunciar la corrupción administrativa, bajo penas de hasta 60 años por delitos de opinión, aplicando el cumulo de penas en perjuicios de comunicadores y denunciantes; dejando vigente la persecución de los abogados en los tribunales por sus defensas y escritos en los Tribunales en un atentado contra el derecho de defensa.
Despenaliza el Exhibicionismo Sexual en RD
“Lejos de garantizar la libertad de expresión, dicha norma modifica el artículo 142 del nuevo código, despenalizando el exhibicionismo sexual en lugares públicos, en supuestos contexto artístico, cultural, científico, educativos o en ámbito privado, exponiendo a nuestras familias a espectáculos en parques, lugares públicos de recreo a espectáculos inimaginables de carácter sexual”. Dijo Surún Hernández
Despenaliza el Bulling Cibernético en RD.
Peor dicha norma modifica los artículos 121, 122 y 123, despenalizando la obtención de beneficios pecuniarios o individuales sobre la base de la burla la estigmatización, y de la intimidación a través de medios electrónicos, para la obtención de views, y por ende beneficios económicos, generando sufrimiento a personas, que por lo regular son vulnerables, discapacitadas o con algún tipo di patología física o psicológica, implicaría convertirnos al salvajismo y canibalismo mediático, por lo que solicitamos rechazar las modificaciones propuestas de los artículos 121, 122 y 123, manteniéndolos en todo su vigor.
Una comisión del Colegio de Abogados, encabezada por su presidente, Miguel Surún Hernández, Carmen Minaya, Andreina Montero, Oscar Amadís depositaron un documento en el Congreso Nacional, requiriendo la derogación de los artículos 182, 208 y 310, declarando la eliminación de las penas para el delito de difamación e injuria, cuando se trata de funcionarios públicos, al tenor del criterio del Tribunal Constitucional.
Surún Hernández aseguró que se trata de un “proyecto mordaza”, que promueve la censura, que viola la Constitución y varios tratados internacionales en materia de derechos humanos y que da licencia a los funcionarios para operar el manejo de la cosa pública sin cuestionamientos.
“Lo que se busca con este proyecto es blindar y librar a los políticos y funcionarios públicos, de los cuestionamientos que en democracia le corresponden hacer a los ciudadanos y a la prensa, una ley de censura, que pondría en peligro el rol de los medios de comunicación y de la población en general del ejercicio cívico y democrático de generar opinión pública por las redes sociales y otros medios”, manifestó el jurista.
Surún Hernández rechazó los artículos 182, 208 y 310, alegando que el articulo 208, plantea sanciones irracionales para los medios y personas; Como es el caso de la prohibición de publicación de videos, audios y fotos de funcionarios públicos y particulares, sin su consentimiento, independientemente de que hayan sido tomas en lugares público.
Viola Constitución, leyes y pactos internacionales
El Presidente del Colegio de Abogados explicó que el referido proyecto viola el artículo 49 de la Carta Magna sobre la Libertad de Expresión e Información que plantea que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.
Miguel Surún Hernández dijo que asimismo vulnera la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo 13, bajo el título de Participación de la Sociedad, en las letras a, b, c y d, que disponen garantizar el acceso eficaz del público a la información; realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios, pero sobre todo el de respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción.
Otro violación es al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 19, numeral uno que indica que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones y en el numeral 2 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Además afecta la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento que rige y protege el manejo de los medios de comunicación y de sus fuentes.