En los últimos dos años, se ha evidenciado cómo grupos delictivos en República Dominicana instalan cámaras de vigilancia en comunidades para monitorear los movimientos de la Policía Nacional. Esto les ayuda a evadir operativos. Esta práctica, detectada inicialmente en provincias como Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, El Seibo y el Distrito Nacional, se extendió recientemente al sector Guachupita, en Santo Domingo.
El caso más reciente involucra a dos jóvenes acusados de múltiples delitos. Estos se entregaron voluntariamente a las autoridades mientras utilizaban sistemas de videovigilancia para observar la presencia policial. Comunitarios denuncian que, pese al conocimiento de las autoridades, muchas cámaras no han sido retiradas. Esta situación, sumada a la falta de prevención policial, ha generado preocupación entre los residentes. Además, evidencia nuevas estrategias del crimen organizado para mantener control territorial y anticiparse a la acción de los organismos de seguridad.