Por: Troi Orlando Espejo
SANTO DOMINGO. – Detrás de la propaganda institucional y las celebraciones oficiales se esconde una preocupante realidad operativa. A pesar de que la Junta Central Electoral (JCE) celebró con bombos y platillos la entrega de la cédula número 2 millones en la provincia de La Romana, un análisis frío de las estadísticas revela que el proceso avanza a una lentitud alarmante que compromete la eficiencia del Estado dominicano.
Con un universo demográfico que supera los 12 millones de dominicanos, los 2,001,006 de documentos entregados en los primeros 90 días del proceso representan apenas un pírrico 16.6% de la población total.
Esta cifra evidencia que, tras tres meses de haber iniciado la renovación el pasado 12 de abril, más de 10 millones de ciudadanos (el 83.3%) aún se encuentran en el limbo, rezagados por un sistema de distribución que claramente carece de la velocidad y la capacidad de respuesta que demanda la nación.
Resulta contradictorio que el Pleno de la JCE, encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, desplace su alta matrícula hacia el interior del país para otorgar pergaminos de reconocimiento simbólicos, en lugar de concentrar esos esfuerzos y recursos en resolver el embotellamiento burocrático que impera en los centros de cedulación.
Calificar el ritmo actual como un «importante hito» o un proceso «dinámico» es ignorar la matemática básica. Mantener este promedio de producción significaría que la JCE tardará más de un año y medio adicional solo para cubrir a la población actual, una proyección inaceptable para un documento que el propio organismo define como «futurista y de última generación», pero cuyo acceso sigue siendo un privilegio de pocos.
El desglose de los datos oficiales desnuda las profundas asimetrías del proceso. Mientras grandes urbes como Santo Domingo (387,138) y el Distrito Nacional (283,298) concentran el grueso de las entregas, decenas de provincias del interior permanecen en un rezago absoluto.
La situación es aún más crítica para la diáspora dominicana
En los Estados Unidos, donde residen más de dos millones de criollos, las oficinas de la JCE apenas han logrado procesar 39,662 cédulas. Peor suerte corren los dominicanos en Europa, donde plazas de alta concentración como España exhiben una pírrica cifra de 13,151 documentos entregados. Estas estadísticas demuestran que el plan de cedulación en el extranjero ha sido incapaz de conectar con los ciudadanos.
La cédula de identidad y electoral no es un artículo de lujo ni un trofeo burocrático; es la llave de acceso a los derechos civiles, los servicios bancarios y la seguridad jurídica de cada dominicano. Someter a más de 10 millones de personas a la incertidumbre de un proceso lento es un obstáculo directo al desarrollo cotidiano de la población.
Es imperativo que la JCE experimente un despertar inmediato en su estrategia logística y abandone la complacencia de los actos protocolares. Para acelerar el procedimiento y alcanzar la verdadera universalidad del documento, la institución civil debe implementar con urgencia una real inyección de recursos y personal con horarios extendidos de atención; la descentralización de la entrega llevando unidades a los barrios, centros de trabajo, universidades y municipios apartados, en lugar de obligar al ciudadano a perder jornadas laborales en filas interminables; agilización del trámite en el extranjero, multiplicando los consulados móviles y simplificando la burocracia para la diáspora, que actualmente se encuentra marginada del proceso, entre otras.
La modernización no se mide por la estética de un plástico, sino por la capacidad del Estado para ponerlo en manos de su gente. La JCE debe dejar de contar los días y empezar a acelerar el ritmo; de lo contrario, la renovación de la identidad dominicana corre el riesgo de convertirse en un costoso y eterno dolor de cabeza nacional.