Colegio Médico Dominicano deposita acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el nuevo Código Penal
El Colegio Médico Dominicano informó este martes que depositó ante el Tribunal Constitucional una acción directa contra la recién promulgada ley penal.
La reconocida entidad gremial considera que diversas disposiciones contempladas en la normativa vulneran principios constitucionales y generan bastante inseguridad jurídica en el país.
Los directivos de la organización médica explicaron que ciertos artículos aprobados afectan directamente el ejercicio cotidiano de la medicina en la nación.
Médicos aclaran que no buscan promover la impunidad gremial ante casos de negligencia comprobada
La entidad aclaró que la acción judicial no busca de ninguna manera promover la impunidad para los profesionales de la salud pública.
El gremio reiteró que los médicos deben responder formalmente ante la justicia cuando exista dolo mala fe o alguna culpa grave comprobada.
Sin embargo los profesionales sostienen que dichas responsabilidades civiles y éticas deben conocerse exclusivamente dentro de las jurisdicciones correspondientes de la materia.
Cuestionan artículos sobre responsabilidad penal de centros asistenciales por violar el principio de igualdad
Entre los puntos objetados figuran los artículos que permiten imputaciones amplias y ambiguas basadas en simples presunciones de culpabilidad contra los centros.
También cuestionaron el artículo trescientos cincuenta y cuatro por establecer un injusto agravamiento de la pena para los médicos del sector público.
Los representantes legales afirmaron con firmeza que dicha diferenciación jurídica vulnera flagrantemente el sagrado principio de igualdad ante la ley del ciudadano.
Gremio advierte que las normativas vigentes podrían incentivar la práctica perjudicial de la medicina defensiva
El Colegio Médico Dominicano argumentó que estas disposiciones penales podrían incentivar la denominada medicina defensiva en los diferentes hospitales del territorio nacional.
Esta práctica burocrática provocaría la realización de estudios innecesarios y retrasos considerables en las atenciones de emergencias críticas para la población civil.
La organización aseguró que su recurso legal busca proteger la seguridad jurídica del personal y el derecho a la salud de calidad hoy.