Singapur — 21 de agosto de 2026. Las autoridades de Singapur ejecutaron este viernes a dos personas condenadas por tráfico de drogas, elevando a 18 los ahorcamientos en lo que va de año y superando el récord previo de 17 ejecuciones registrado en 2025. La cifra confirma el aumento sostenido de la pena capital en el país, pese a los llamados internacionales para suspenderla.
Dos nuevas ejecuciones por delitos de drogas
Los últimos ejecutados fueron un ciudadano singapurense de 68 años y un malasio de 34, según informó la agencia nacional antinarcóticos. Las autoridades no revelaron sus identidades ni la cantidad de droga involucrada en los casos, como suele ocurrir en los comunicados oficiales. Ambos condenados contaron con representación legal y sus solicitudes de clemencia fueron rechazadas por la Presidencia.
Un récord marcado por la opacidad y las críticas internacionales
Con estas dos ejecuciones, Singapur supera el registro de 2025, cuando organizaciones civiles y Naciones Unidas contabilizaron 17 ahorcamientos, aunque el Gobierno solo reconoció 15. La mayoría de los ejecutados en 2026 son hombres entre 32 y 79 años, incluyendo 13 ciudadanos singapurenses, cuatro malasios y un hombre apátrida de 79 años ejecutado el 7 de agosto. La identidad de casi todos permanece desconocida.
La ONU pide detener el “uso ilegal” de la pena de muerte
El nuevo récord llega apenas cuatro días después de que expertos de Naciones Unidas solicitaran a Singapur detener la aplicación de la pena capital en delitos relacionados con drogas y establecer una moratoria oficial con miras a su abolición. Las ONG denuncian que los procesos judiciales son opacos y que los umbrales para aplicar la pena de muerte son extremadamente bajos: 500 gramos de marihuana o 15 gramos de heroína pueden activar la condena máxima.
El Gobierno defiende su política antidrogas
En su comunicado, la agencia antinarcóticos reiteró que la pena capital se aplica únicamente a los “delitos más graves”, especialmente el tráfico de cantidades significativas de drogas, que —según las autoridades— causan daños severos a consumidores, familias y a la sociedad en general. Singapur mantiene una de las legislaciones antidrogas más estrictas del mundo y defiende el ahorcamiento como método para preservar la seguridad nacional.