Por Marla Tavarez
Abogada especialista en Derecho Migratorio
El fantasma de la “carga pública” (Public Charge) ha vuelto, en las últimas semanas, la reactivación de este debate ha generado preocupación a miles de familias que se encuentran en procesos de residencia permanente mediante visas de inmigrante. La reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de restablecer una interpretación más estricta de este criterio ha despertado dudas sobre quiénes podrían verse afectados y bajo qué circunstancias. La nueva política entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026, con nuevas indicaciones y formularios para estos trámites migratorios.
En este sentido, la “carga pública” es un motivo de inadmisibilidad previsto en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Siendo su finalidad, permitir que las autoridades migratorias evalúen si una persona que solicita la residencia permanente o una visa de inmigrante probablemente dependerá principalmente de la asistencia pública del gobierno estadounidense para su subsistencia en el futuro.
Sin embargo, es importante aclarar que no existe una denegación automática por el simple hecho de tener bajos ingresos o haber recibido algún beneficio público. La legislación exige una evaluación integral de factores como: edad, estado de salud, recursos económicos, educación, habilidades laborales y capacidad futura para mantenerse económicamente.
En las peticiones familiares, además, continúa siendo de gran importancia el respaldo financiero ofrecido por el patrocinador mediante la documentación de sostenimiento económico exigida por la legislación migratoria. También es importante evitar la desinformación que circula en redes sociales. Haber utilizado determinados programas públicos no implica automáticamente que una visa de inmigrante será negada, ni todas las categorías migratorias están sujetas a esta evaluación. Existen categorías expresamente exentas de la regla de carga pública.